Los vecinos que viven alrededor del aeropuerto de Barajas, y sufren el ruido de los aviones, llevan en pie de guerra desde hace años por defender su derecho a la intimidad, pero la propuesta del Gobierno central de reformar la Ley de Navegación Aérea les ha llevado a aumentar más su enfado.

El equipo de José Luis Rodríguez Zapatero quiere modificar un único punto de la Ley de Navegación Aérea que se aprobó en 1960, concretamente el número 4, en el que se afirma que “los dueños de los bienes subyacentes soportarán la navegación aérea con derecho a ser resarcidos de los daños y perjuicios que ésta les cause”.

La nueva ley pretende, según el Gobierno, compatibilizar las operaciones de los aeropuertos con la vida de los ciudadanos, así como “resarcirlos” por soportar el ruido. Sin embargo, dos son los puntos de esta propuesta que no convencen a los vecinos.

Glosario técnico Calidad acústica: Adecuar las características acústicas de un espacio, según las actividades que se realicen en él. El Gobierno debe fijar los objetivos aplicables a cada área de manera que se garantice un mínimo de protección frente a la contaminación acústica. (Ley del ruido). Áreas acústicas: zonas del territorio que comparten idénticos objetivos de calidad acústica. (Ley del ruido). Configuración sur: cambio en las rutas y despegues de los aviones por razones meteorológicas o de mantenimiento. Ruido: sonido exterior no deseado o nocivo generado por la actividad humana, incluido el ruido emitido por los medios de transporte, por el tráfico rodado, ferroviario y aéreo y por emplazamientos de actividades industriales. (Ley del ruido). Zonas de servidumbre acústica: sectores del territorio situados en el entorno de las infraestructuras estatales que tiene sus propios objetivos de calidad acústica y que quedan fuera de las exigencias de la Ley del Ruido.

El primero, la posibilidad que deja la ley de poder ampliar las servidumbres acústicas, las zonas afectadas por el ruido, así como las medidas correctoras. La otra, y la que más ha levantado el enfado de vecinos y ayuntamientos, que en los aeropuertos con más de 250.000 movimientos al año, como el de Barajas y el de El Prat, en Barcelona, la aprobación de las servidumbres acústicas y los planes de acción se produzcan en un plazo de seis meses desde que entre en vigor la ley. Sin embargo, y aquí viene la polémica, “quedarán en suspenso provisional los objetivos de calidad acústica, así como los sobrevuelos e impactos ambientales asociados a dichos objetivos de calidad acústica”. En otras palabras, que hasta que se aprueben las servidumbres, los vecinos tendrían que soportar el sobrevuelo de aviones sin poder denunciar nada.

Así, quedaría suspendida la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a AENA reducir en un 50% los vuelos sobre Ciudad Santo Domingo, en Algete.

Una ley antigua
Ya se intentó hacer una modificación de la Ley de Navegación Aérea de 1960 dentro del marco de la llamada Ley Ómnibus, pero la controversia obligó a retirar ese punto.Ahora la modificación, que se debatirá en solitario, vuelve a levantar ampollas. Las quejas de vecinos y la presentación de enmiendas de los diferentes partidos ha hecho que la ley retrase su fecha de aprobación, que estaba fijada para el 29 de diciembre del año pasado.

El artículo que quiere regular el Gobierno de la ley de 1960 es el único que hace referencia a las posibles consecuencias que tienen que soportar los vecinos por el constante paso de los aviones.

En el proyecto de ley presentado por el PSOE se justifica la modificación del punto 4 de la ley afirmando en que en el entorno del aeropuerto se está produciendo una situación de inseguridad jurídica que perjudica a dueños de inmuebles, vecinos y al adecuado funcionamiento del aeropuerto.

Esta situación, afirma el proyecto de ley, “se ha agravado hasta poner en riesgo la efectividad de los derechos de quienes residen en las poblaciones próximas a los aeropuertos”. La modificación pretende que el Estado garantice a las poblaciones afectadas por Barajas los objetivos de calidad acústica y el establecimiento de servidumbres para establecer las medidas correctoras del ruido. Además, se obliga a la autoridad del aeropuerto a evaluar continuamente el impacto ocasionado por la infraestructura y a adoptar las medidas necesarias.

Todo esto bajo un mismo objetivo: “salvaguardar el derecho de los afectados y garantizar la continuidad del aeropuerto, clave para el desarrollo de la economía nacional y el empleo”. El Aeropuerto de Barajas aporta a la Comunidad de Madrid un 11% del Producto Interior Bruto (PIB) y representa un 8,9% del empleo, con cerca de 125.000 puestos de trabajo. En definitiva, lo que el PSOE pretende con la ley es compatibilizar la operatividad de Barajas con el derecho de los ciudadanos a poder descansar. A pesar de que esta idea ha sido la bandera de decenas de manifestaciones vecinales, los dos puntos polémicos han convertido en incompatible el entendimiento entre el Gobierno y los afectados.

Enmiendas a la totalidad
Los diputados de Izquierda Unida, Esquerra Republicana e Iniciativa per Cataluya han presentado una enmienda a la totalidad que retrasa los plazos. Hasta este martes los grupos políticos han podido presentar sus enmiendas. Desde los partidos de Cataluña propone rechazar la propuesta por la obligación de los ciudadanos a soportar el ruido para cumplir una calidad acústica. Concretamente, la propuesta de ley declara que, una vez que los aviones respeten los objetivos de calidad fijados “será obligatorio soportar los niveles sonoros, sobrevuelos, frecuencias e impactos ambientales generados por la navegación aérea”.

IU, por su parte, enumera en su enmienda medidas concretas para reducir el ruido como promover programas para reducir el ruido de las fuentes emisoras; impulsar los medios de transporte menos contaminantes y limitar la expansión urbanística incompatible con áreas sensibles al ruido.

Las normas anteriores
Si la Ley de Navegación Aérea de 1960 apenas contemplaba qué había que hacer cuando los vecinos soportaban el ruido de los aviones que tenían como origen y destino el aeropuerto cercano, ¿cómo se ha regulado el ruido hasta ahora? Con la Ley del Ruido de 2003 y la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos de 2008.

En la Ley del Ruido, que regula desde molestias de locales hasta el impacto de aeropuertos y infraestructuras ferroviarias, se reconoce que hasta su aprobación en 2003 no existía una norma general que regulara el ruido, aunque sí existían referencia en ciertos artículos de la Constitución. Los objetivos de esta normativa es determinar la exposición al ruido ambiental, mediante la elaboración de mapas de ruido y adoptar planes de acción tomando como referencia los resultados de los mapas del ruido.

La ley especifica dos conceptos, el de calidad acústica, qué características y niveles acústicos tienen una zona según la actividad que se desarrolle, y área acústica, varias zonas que comparten las mismas características. Sin embargo, y por paradójico que parezca, la exigencia de calidad acústica no se aplica a las zonas de servidumbre, ya que esta ley tiene un apartado específico para este caso.

En él se aclara que se deben ejecutar acciones para que dentro de las viviendas se alcancen unos niveles de ruido compatibles con el uso que tenga la misma y que será el Gobierno el encargado de compatibilizar la vida de los ciudadanos con la operatividad del aeropuerto. Y así lo recoge y determina la nueva modificación de la Ley de Navegación Aérea.

Sin embargo, no todos estan de acuerdo en cómo hacerlo. Lo que sí que es cierto es que aún le queda un largo camino al proyecto de ley por recorrer. Este martes terminaba la presentación de enmiendas. Éstas hay que debatirlas y después el proyecto debe ser aprobado en el Congreso y el Senado. El diputado Gaspar Llamazares aseguraba que la modificación no será aprobada antes de abril, porque los implicados en el asunto expresan su deseo de que no sea una ley “express”. Los oídos y la vida de los vecinos se juegan mucho.

ÁNGEL VIVEROS, ALCALDE DE COSLADA “Los Ayuntamientos tenemos que tener voz” El regidor cosladeño reconoce que la modificación de la Ley de Navegación Aérea no afectaría demasiado al municipio “y no vamos a tener más perjuicio del que ahora tenemos”. Sin embargo, Viveros declara que la ley “debe ser fruto del consenso y conjugar los derechos que tienen las personas afectadas con la realidad del aeropuerto”. El alcalde exige, eso sí, que se respeten tanto la huella sonora como las rutas aéreas, así como “mayor eficacia a la hora de sancionar a las compañías”. El alcalde, como el resto de los regidores, solicita que se cuente con los Consistorios afectados a la hora de hacer la ley, así como con los técnicos municipales. “Se tiene que tener en cuenta a los Ayuntamientos, nos tienen que informar y tenemos que tener voz. Sufrimos el problema por lo que debemos ser parte de la solución. Nadie mejor que nosotros sabe las molestias que genera el aeropuerto a los vecinos”. A pesar de estas solicitudes, el regidor cosladeño reconoce que era necesaria la modificación de una ley de 1960 “porque la realidad de hoy no es la de antes y por eso se deben regular las compensaciones. Molestias van a seguir teniendo los vecinos, pero deben minimizarlas al máximo y que sean compensados”. Viveros se refiere a compensaciones no sólo mediante la insonorización de los edificios afectados por los ruidos, sino también con la mejora del medio ambiente y del barrio afectado. Pese a pertenecer al mismo partido que el Gobierno central, Viveros ha afirmado, como ya hizo en la ocasión del debate de la Ley Ómnibus, que defenderá los derechos de los ciudadanos por encima de las directrices de su partido. Aún así, está convencido de que no serán necesarias las movilizaciones ni las presiones “porque estoy convencido de que habrá un consenso y un acuerdo a la hora de aprobar la ley”.

LUIS RAMÍREZ, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE AFECTADOS POR EL IMPACTO AÉREO “Esta ley ahonda más en el problema” La Asociación Nacional de Afectados por el Impacto Aéreo rechaza la modificación de la ley y la ha calificado como “arbitraria” e “incostitucional”, tal y como lo ha expresado su presidente, Luis Ramírez. “Cualquier persona va a tener la obligación de soportar el ruido y además toda la justificación de esta ley se basa en modelos económicos”. Según Ramírez, cuando la nueva ley habla de compensaciones, “no está hablando de compensar a los que están soportando el ruido, sino sólo en caso de accidente”. Por eso ha afirmado que, en este sentido, la ley es “engañosa”. El presidente de la asociación también afirma que, gracias a esta ley, los vecinos que vivan alrededor de los aeropuertos serán “ciudadanos de segunda”. “Esta ley no les deja alegar nada y salva a la Administración de las sentencias ya publicadas y de las futuras”, explica refiriendose a la supuesta nulidad que del dictamen del Tribunal Supremo respecto a Ciudad Santo Domingo. “Esta ley no resuelve nada, sino que ahonda más en el problema y será una fuente de conflictos si se aprueba”. La asociación ha presentado ante las diferentes administraciones propuestas para reducir el impacto del ruido, pero no ha habido resultados. “La solución es un cambio de actitud”, afirma el presidente frente a la posición de las administraciones. En cuanto a esta ley, la agrupación está llevando a cabo conversaciones con todos los grupos políticos para que se incluya una modificación en la propuesta. Además, ha mandado un manifiesto en contra de la ley que ya han firmado prácticamente la totalidad de los ayuntamientos afectados.